Más de 60 miembros del Congreso en ambas cámaras exigen que la Oficina del Censo y el Departamento de Comercio den marcha atrás en la defectuosa prueba del Censo de 2026

WASHINGTON — La semana pasada, senador Rubén Gallego (D-AZ) y 65 miembros del Congreso enviaron una carta formal de comentarios bicameral al Departamento de Comercio. En su misiva, los legisladores advirtieron que los cambios propuestos para la Prueba Operativa de 2026 de la Oficina del Censo —un ejercicio de preparación crítico para el Censo de 2030— harán imposible un conteo preciso de todos los estadounidenses y socavarán una década de financiamiento federal, representación y la democracia misma.

Los cambios propuestos por la administración Trump para la Prueba Operativa del Censo 2026 reducen los sitios de prueba de seis a dos, recortan el grupo de encuestados en un 75%, sustituyen el formulario del censo por la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (mucho más larga), añaden una pregunta sobre ciudadanía y utilizan de forma piloto a trabajadores postales como enumeradores. Todo esto mientras se reduce a la mitad el periodo de comentarios públicos y se disuelve el comité asesor de la Oficina del Censo sin dar explicaciones.

“El Censo es la forma en que decidimos hacia dónde se dirigen el poder y los recursos en este país. El plan actual elimina sitios de prueba en las reservas de Fort Apache y San Carlos Apache en Arizona y añade una pregunta de ciudadanía que tendrá un efecto intimidatorio en la participación de ciudadanos estadounidenses que forman parte de familias inmigrantes. Estos cambios podrían dejar a decenas de miles de familias latinas y comunidades tribales sin contar, lo que significa que las comunidades de todo el estado recibirán menos fondos y menos representación durante los próximos diez años. No podemos permitir que eso suceda”, afirmó el senador Ruben Gallego.

La carta argumenta que estos cambios drásticos —anunciados con poco aviso y mínima participación pública— producirán una prueba científicamente inútil, desalentarán la participación en comunidades inmigrantes y minoritarias, plantearán preocupaciones constitucionales y de privacidad no resueltas, y privarán al Congreso de los datos de planificación que legalmente le corresponden antes de que se finalice el Censo de 2030. Los legisladores advierten que cada persona no contada en 2030 representa diez años de pérdida de fondos para escuelas, hospitales y vivienda en su comunidad.

Los miembros exigen al Departamento de Comercio que:

  • Restaure los seis sitios de prueba originales.
  • Utilice el formulario corto real del censo.
  • Elimine la pregunta sobre ciudadanía.
  • Proporcione al Congreso el acuerdo de confidencialidad del USPS y un análisis legal sobre la protección de la privacidad de los encuestados.
  • Restablezca el periodo estándar de 60 días para comentarios públicos.

Lea la carta completa AQUÍ.